Al escuchar en los alegatos que la Fiscalía de Cámara levantaba la acusación en su contra, el guardiacárcel Marcelo Fabián Gómez se cubrió el rostro y lloró de desahogo. Habían pasado casi cinco años desde el día del hecho hasta el comienzo del juicio por el crimen de Milagros Avellaneda y su hijo Benicio. La causa era compleja y Gómez llegaba acusado de encubrimiento porque en su casa se encontró el celular de la víctima. Este fue uno de los debates que reveló lo peligroso que puede ser comprar un celular si no se toma los recaudos de saber de dónde proviene el aparato.

“Estos cinco años realmente fueron una pesadilla para mi familia. Gracias a Dios finalizó, porque se hizo Justicia”, dijo Gómez en sus últimas palabras. En ese mismo juicio, la fiscala Estela Giffoniello pidió que el guardiacárcel Roberto Carlos Rejas, padre de Benicio, fuera condenado a prisión perpetua como autor del femicidio y del filicidio.

Un celular

¿Cómo llegó Gómez a quedar involucrado como sospechoso? El 28 de octubre de 2016 Milagros y Benicio estuvieron con Rejas en el parque 9 de Julio. Hasta la fecha se desconoce el paradero de ambos, pero las pericias de luminol en un auto de Rejas revelaron que los habría matado, posiblemente a golpes, y luego (según los informes telefónicos) habría trasladado sus cuerpos a algún punto entre la capital y Monteros.

Días después del hecho, Rejas comenzó a ofrecer un celular a la venta a sus compañeros del penal de Villa Urquiza. Tres testigos, también guardiacárceles, fueron clave para aportar ese dato en el juicio.

Explicaron que Rejas les había ofrecido un teléfono, diciendo que había comprado otro recientemente y que quería vender el viejo. También contaron que Gómez se lo compró de buena fe, sin saber que era el dispositivo de Milagros.

Gómez contó que el teléfono iba a ser un regalo para su esposa. Semanas después, mediante una pericia telemática, la Policía descubrió el paradero del celular de la víctima y allanó la casa de Gómez. Secuestró el teléfono y arrestó al sospechoso, que terminó con prisión preventiva.

Las dudas sobre su participación en el hecho se mantuvieron hasta el juicio de septiembre de 2021, donde quedó descartado que hubiera sabido del crimen. La fiscala Giffoniello aprovechó ese momento para alertar a la comunidad sobre los riesgos que puede implicar comprar un celular usado, cuya procedencia es desconocida.

Otro caso

Si bien no de manera idéntica, en el juicio por el crimen de Priscila Paz se dio una situación similar. La sentencia del caso se conocerá este lunes. Seis personas llegan imputadas como autoras de homicidio agravado y privación ilegítima de libertad, también hay un séptimo imputado por participación necesaria en los hechos (para todos ellos se pidió perpetua) y una octava acusada, Luciana Érica Solange Alderete, quien afronta el juicio por el delito de encubrimiento.

No denunció

El caso, que fue investigado por la fiscala María del Carmen Reuter, es presentado ante el tribunal también por la fiscal de cámara Giffoniello. Luego de la exhibición de las pruebas en el debate y de escuchar a los testigos, Giffoniello reconoció que creía en la versión de la imputada, que dijo que le compró el celular a un vecino, sin saber que provenía de un delito, y que horas después, al descubrir que en el dispositivo había fotos de una joven que ya aparecía en televisión como desaparecida, fue a devolverlo. “Le creo a la señorita Alderete cuando dice que no sabía que el teléfono era de una víctima; tampoco dudo de que pueda haber sido amenazada, pero terminó encubriendo al no haber acudido a la Policía”, sostuvo la fiscala.

La defensora Ruth Mayer, por su parte, destacó que Alderete no habría actuado con dolo, porque al descubrir el hecho, decidió no quedarse con el aparato y se lo devolvió a quienes se lo habían vendido a pesar de las amenazas en su contra. “En un contexto de tanta vulneración, ella necesitaba un teléfono y se lo compró a “Borolo” (uno de los imputados por el crimen), quizás de forma imprudente, pero cuando entendió lo que pasaba fue y se enfrentó a personas peligrosas que amenazaron con matar a su hijo pequeño. En un contexto así, no es fácil reclamarle a una persona que debía denunciar en la Policía”, argumentó Mayer.

Giffoniello pidió para Alderete una condena a prisión condicional de 18 meses. Mayer pidió la absolución, o bien, que se de por cumplida la pena por los 8 meses que la imputada estuvo presa con prisión preventiva.

Los jueces Patricio Prado, Eduardo Romero Lascano y Guillermo Puig resolverán el lunes la situación de los ocho imputados.